JUICIO BASE NAVAL: ALEGATOS

legatos del día jueves 2 de diciembrea cargo de la sec. DD.HH pcia de Bs As.

“Los jueces no pueden ser neutrales ante los crímenes de lesa humanidad”
El alegato de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, instó a que el sistema judicial esté a la altura de las circunstancias de un Estado democrático

“Si se consagra la impunidad de aquellos que cometieron los grandes crímenes se reciente el estado de derecho: jueces, abogados y fiscales. Si no se puede condenar a los grandes delincuentes qué autoridad tiene para condenar al ladrón de gallinas”. Alejo Ramos Padilla, abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires dedicó gran parte de su alegato a recalcar el compromiso que debe asumir la justicia de la democracia. Después de poco más de tres horas de argumentaciones, solicitó al tribunal, la pena de reclusión perpetúa por tiempo indeterminado en una cárcel de máxima seguridad para los tres militares imputados. Por último, pidieron la destitución de las Fuerzas Armadas o la sanción que se considere pertinente dentro del ámbito militar.
El abogado Alejo Ramos Padilla se hamacó una y otra vez sobre la silla. Por momentos giraba hacía el tribunal, en otros pasajes miraba al público y a los familiares de las víctimas; y en otros clavaba su mirada y su dedo acusador en los imputados, resguardados detrás de sus defensores.
Si Ramos Padilla consideró necesario instar al sistema judicial y a los jueces a que estén a la altura del estado de derecho para no repetir errores de antaño es porque en algunos momentos de la historia argentina la justicia estuvo muy por debajo de tales circunstancias.

El enano fascista del sistema judicial


Ramos Padilla comenzó su alegato con un recorrido histórico del sistema judicial ante los gobiernos de facto. Habló del “enano fascista” que anida en los hombres y en las instituciones y que permitió que el sistema judicial avalara “legalmente” desde el golpe de Estado de 1930 “el poder de facto de los criminales de Estado” en la Argentina.
Enseguida agregó que esa concepción ideológica aún persiste en entre los operadores jurídicos. “Son aquellos que aceptan los argumentos de los asesinos para garantizar la impunidad. Hablan de guerra sucia y subversión; de revanchismo por parte del gobierno de Cristina Fernández y de Néstor Kirchner anteriormente”, explicó Ramos Padilla.
El querellante también recordó que en 1984 se produjo un hecho histórico a nivel mundial, el juicio a la junta militar que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976. Pero tres años después en 1987 el poder judicial convalidó las leyes del olvido y punto final. “Un poder judicial que no puede explicar como le cae con todo el peso de la ley al ladrón de gallinas y al mismo tiempo realiza construcciones complejas para garantizar la impunidad del terrorismo de Estado”, enfatizó el representante de la Secretaria de Derechos Humanos bonaerense.
Ramos Padilla instó al sistema judicial y a los jueces a no ser neutrales. Aseguró que el compromiso en estas causas diferencia a los jueces de la democracia de aquellos que prestaron servicios en la dictadura. “Unos garantizaron la impunidad y los otros aborrecen los delitos contra la humanidad”, concluyó.
El abogado aclaró que no se trata de una afrenta al Poder Judicial y tampoco al tribunal sino que se trata de distinguir los buenos de los malos. “No es lo mismo un fiscal federal acusado de crímenes de lesa humanidad que el fiscal Daniel Adler que impulsa los juicios por esos mismos crímenes”, ejemplificó Ramos Padilla. A continuación instó: “Los jueces de la democracia no pueden ser neutrales ante los crímenes de lesa humanidad”.
Subversión y clandestinidad
“La idea de clandestinidad impregnó todo lo que fue el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional”, dijo el abogado Ramos Padilla para encontrarle una explicación al accionar del Terrorismo de Estado. Aseguró que la clandestinidad les dio a los criminales la impunidad que gozaron durante más de 30 años.El término clandestinidad atravesó el régimen dictatorial. “Hubo centros clandestinos de detención, tumbas NN, cuerpos arrojados al mar, calcinados en el los fondos de alguna comisaría y fuerzas conjuntas que secuestraban. Ni siquiera decían a que fuerza pertenecían”, graficó la querella.
Ramos Padilla aseguró que sólo en ese marco de clandestinidad, “los cobardes” se animaron a las atrocidades. Esa clandestinidad les permitió en más de una oportunidad negar la existencia de desaparecidos o de los centros clandestino de detención. Para fortalecer su argumentación citó a Robert Jackson, juez que participó en los juicios de Nüremberg, que dijo que estos juicios debían hacerse para encontrar pruebas concretas y creíbles para explicar hechos increíbles, que los responsables negaban amparados en la clandestinidad y la impunidad.
La impunidad de la que lkos crimanles gozaron, la explicó en palabras del coronel Vaquero perteneciente al Ejército Argentino que dijo en 1984 a Clarín: “No se aceptará investigación alguna ni ahora ni en el futuro”.
Sobre la tan nombrada subversión, término con el que los criminales justificaron sus atrocidades. Padilla fue muy claro. Señaló a los imputados para decir que “los únicos subversivos en esta sala eran el coronel Alfredo Arrillaga, el capitán de navío Ignacio Justo Ortiz y el contralmirante Roberto Luis Pertusio, ellos subvirtieron el orden democrático para perseguir a los opositores políticos”.
Empresa criminal
Ramos Padilla aseguró que los tres imputados formaron parte de una empresa criminal que tuvo su asiento en Mar del Plata y cuya finalidad era la eliminación del opositor.
La querella dio por probado que el teniente coronel Alfredo Arrillaga era el jefe de operaciones de la Subzona de Seguridad Militar 15. Era uno de los cuatro jefes que garantizaban el funcionamiento del sistema de persecución y eliminación de opositores políticos. Su tarea junto con la del jefe del área de inteligencia era fundamental.
Según la querella de la Secretaria de Derechos Humanos bonaerense, Arrillaga tenía a su cargo los operativos del Ejército, de las fuerzas policiales bajo su órbita y las operaciones de las fuerzas conjuntas. El jefe de operaciones, según los documentos militares en la lucha contra la subversión, era el encargado de llevar adelante, coordinar y supervisar los operativos de secuestros.
Ramos Padilla dio por acreditado que el operativo de secuestro de Luis Regine fue dirigido por Arrillaga. Buscaban al sindicalista Diego Ibáñez y fueron a su supuesta casa pero, el dirigente petrolero ya no vivía ahí. Se llevaron al dueño de casa, lo tuvieron secuestrado, lo torturaron y luego cuando se dieron cuenta del error lo liberaron.
El abogado definió la empresa criminal montada por la dictadura en tres etapas. Una primera que incluía el secuestro y el traslado de detenidos. La segunda implicaba la privación ilegítima de la libertad y la tercera consistía en la eliminación o liberación de los opositores.
Si bien en algún momento la doctrina judicial indicó que el papel de Arrillaga podía ser considerado como coautor de los hechos ocurrido en la primera etapa y participe necesario en al segunda, Ramos Padilla afirmó que deberá ser juzgado como coautor en todas las etapas de la empresa criminal.
En cuanto al contralmirante Pertusio, la querella entendió que cumplía la misma función que Arrillaga pero en la Armada, en la Base Naval. Para Ramos Padilla está comprobado que el jefe de al escuela de submarinos en aquel entonces era el jefe del Grupo de Tareas 6, creado por la Armada para combatir la subversión. Así lo indica la declaración del ex jefe de la Base Naval en aquel entonces, contralmirante Malugani.

Pertusio al igual que Arrillaga coordinaba y supervisaba los operativos realizados por el grupo de tareas 6 que tenía bajo su órbita a integrantes de la Base Naval, de la Escuela de suboficiales de Infantería de Marina y de Prefectura Naval. El abogado explicó que tampoco podía desconocer la existencia de un centro clandestino de detención dentro de la Base Naval como pretendió instalar con su declaración ante el tribunal que lo juzga.
El capital de navío Justo Ignacio Ortiz tampoco podía desconocer que la Base Naval fuera un centro de detención. Era el número dos en jerarquía, el subjefe de la repartición.
Ramos Padilla recordó la declaración de un testigo, el odontólogo de la Base Naval que fue sancionado por Ortiz porque habría hablado de los detenidos que había en el lugar con una médica. Una clara demostración de que el subjefe de la base sabía de la existencia de detenidos desaparecidos.
Antes de solicitar la pena para cada uno de los imputados, Ramos Padilla habló de un proyecto de ley presentado en el Parlamento chileno para que los militares condenados por delitos de lesa humanidad fueran degradados y dejaran de percibir cualquier beneficio por parte del Estado. En la Argentina no existe tal ley pero si está permitida la destitución. Así, el abogado instó a que los imputados no sean nunca más llamados capitán de navío, coronel o contralmirante “porque deberían ser nombrados como secuestradores, subversivos, homicidas, traidores a la patria y torturadores”.
Padilla solicitó que de existir una condena, “se envíe la información necesaria a la ministra de Defensa Nilda Garré, para que la comandante en jefa de las Fuerzas Armadas sancione de la manera que corresponda a quienes deshonraron el uniforme y los símbolos patrios”.Una vez fundamentado la participación de cada uno de los imputados en los delitos que se les endilgan, Ramos Padilla pidió las penas correspondientes. Para los tres solicitó la pena de reclusión perpetúa por tiempo indeterminado en una cácel de máxima seguridad por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados y homicidio calificado agravado mas costas legales e inhabilitación absoluta y embargo preventivo de sus haberes jubilatorios o pensiones recibidas. Por último, instó a los jueces que de existir un fallo condenatorio, los tres militares sean trasladados de inmediato a la cárcel de Marcos Paz.

alegato del día miércoles 1 de diciembre, a cargo de la APDH, Dr César Sivo
Reclusión perpetua
La solicitud alcanza al ex general de brigada, Alfredo Manuel Arrillaga; al contralmirante, Roberto Luis Pertusio y al capitán de navío, Justo alberto Ignacio Ortiz por los delitos de lesa humanidad.
Reclusión perpetua, efectiva y en cárcel común fue el pedido central con el que concluyó el primero de los alegatos expuesto ayer por la querella representada por el doctor Sivo, en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en la Base Naval local. El pedido alcanza al ex general de brigada, Alfredo Manuel Arrillaga; al contralmirante, Roberto Luis Pertusio y al capitán de navío, Justo Ignacio Ortiz.
La audiencia de inicio de alegatos suspendida el martes se inició ayer alrededor de las 11.30 con la exposición del doctor Sivo en representación de la APDH, una de las querellas. Con anterioridad, el tribunal compuesto por los doctores Nelson Jarazo, Alejandro Esmoris y Jorge Michelli, culminó con el proceso de incorporación de prueba para poder dar curso a la ronda de alegatos.
La exposición de la querella comenzó con una pertinente referencia a un texto titulado “Los límites del perdón”, de Simón Wiesenthal, en el que se analiza su experiencia personal como sobreviviente de un campo de concentración nazi. Según cuenta el autor, durante su cautiverio fue llevado ante un joven nazi que yacía en su lecho de muerte. Allí, quien había sido el dueño de su vida ensayó una especie de arrepentimiento respecto de los hechos atroces de los que había sido parte. Su intención: morir con el perdón de sus víctimas, encarnadas en ese momento en Wiesenthal. “Me mantuve en silencio mientras un joven nazi en su lecho de muerte me pedía que fuera su confesor”, explica el sobreviviente. Él no se sentía capaz de perdonar en nombre de los exterminados. ¿Quién sería capaz de hacerlo?, se pregunta.
El doctor Sivo tomó ese dilema ético respecto del perdón para demostrar que en el caso de los imputados ni siquiera existió durante el debate la más mínima señal de intentar redimirse. Ni la más mínima señal de tratar de obtener el perdón. Solamente callaron, mintieron u olvidaron según su conveniencia, según su necesidad de intentar extender la impunidad.
La apertura del alegato fue una muestra simbólica de lo sucedido durante los largos meses de audiencias con los imputados. También fue el trazado de los perfiles de los tres militares que están sentados en el banquillo: “Arrillaga, que se jactó públicamente de ser un soldado en la `lucha contra la subversión´, hoy desconoce de qué se trata”, recordó Sivo. También dedicó palabras para Pertusio relacionadas a sus “olvidos” selectivos. Para Ortiz, la sentencia fue contundente: “Siendo miembro del Opus Dei, religioso, ni siquiera siente la necesidad de decir perdón por todo lo que hice”.

CONTEXTO
El alegato de la querella hizo especial hincapié en la necesidad de contemplar los delitos por los que se acusa a los tres militares en el marco de un plan sistemático perpetrado desde la órbita del Estado y por lo tanto, bajo la lupa de la jurisprudencia relacionada con delitos de lesa humanidad.
Asimismo, puntualizaron en los roles específicos que cada una de las armas cumplieron en la denominada “lucha contra la subversión”. Este elemento, para nada anecdótico, sirvió para dejar en claro el por qué de la presencia como imputado en una causa por un Centro Clandestino de Detención de la Marina, de un alto mando del Ejército.
Según se expresó en el alegato, es central para comprender esto recurrir a la documentación producida desde los propios ámbitos castrenses sobre cómo se desplegó el plan sistemático de represión a lo largo y a lo ancho del país. Allí consta con claridad que es el Ejército el que tiene el control sobre el resto de las Fuerzas.
En este sentido, la adaptación de las normativas propias de la Marina a las del Ejército para compatibilizar los modus operandi se constituyen como prueba de esa interrelación.
De esta forma, la participación de Arrillaga en la plana mayor del ADA 601 dependiente de Pedro Barda, jefe de la subzona 15, en cada uno de los operativos de secuestro y desaparición, según expresó la querella, es inapelable.


ORTIZ
“Pedimos que se condene a Justo Ignacio Ortiz a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser autor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia o amenaza y por privación más de un mes e imposición de tormentos reiterada y agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos”.
Durante 1976 Ortiz cumplió funciones como subjefe de la Base Naval Mar del Plata. De él dependían numerosos departamentos de funcionamiento de la repartición militar.
Era responsable de Adiestramiento, y como tal debía instruir a sus subordinados en las “tareas especiales”, entre las que se encuentran la llamada “lucha contra la subversión”.
También le correspondía fiscalizar las construcciones y reformas que se produjeran dentro de la Base. Esto lo coloca en un lugar donde no podía desconocer la construcción de instalaciones propias para los detenidos-desaparecidos que eran alojados, por ejemplo, en el edificio de Buzos Tácticos.
Por sus funciones, el área de Meteorología también estaba bajo su órbita. Allí los testimonios vertidos durante el debate señalan que se alojaban detenidos desaparecidos. Lo mismo respecto a Enfermería y Automotores.
Su función como mando en “la guerra contra la subversión” se desprende de una “mancha” en su legajo. Ortiz fue sancionado por haber perdido el manual de actuación Placintara. Ese con el que la Marina se adaptaba a los mecanismos propuestos por el Ejército para esta nueva función que la dictadura planteaba. La tenencia de ese material es prueba de su responsabilidad.
Con estos elementos -entre otros-, la querella dejó, a su criterio, acreditada la participación de Ortiz en los delitos que se le imputan.

PERTUSIO
“Pedimos que se condene a Roberto Luis Pertusio a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser autor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, privación ilegitima de la libertad agravada por mediar violencia o amenaza y por privación más de un mes e imposición de tormentos reiterada y agravada por ser haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos y autor de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda”.
A lo largo de los meses que van de debate oral, Pertusio se mostró siempre entero. Desafiante desde su asiento, con su mirada penetrante -esa que recuerdan muchos de sus subordinados- sinónimo de su severidad.
Según expresó Sivo en la porción del alegato que le dedicó al marino especializado en estrategia naval, el concepto de Pertusio no es discutible: se trata de un hombre de una inteligencia por arriba de la media. Eso también se desprende de su legajo de servicio, incluso de su propio testimonio vertido en la sala semanas atrás.
“Sus propias calificaciones son las que deben ser tenidas en cuenta a la hora de condenarlo”, expresó la querella en referencia a la incongruencia de sus “omisiones” con su estricta memoria para otros elementos y, sobre todo, para su declaración parcial de las responsabilidades que le competían luego del golpe, ocultas en su declaración.
La documentación con la firma de Pertusio como jefe de la Fuerza de Tareas 6 -la cual comprendía a gran parte de los estamentos que componen la Base Naval- dan por sentada su participación en la “guerra contra la subversión” y en todos los métodos que de ella se desprenden según los reglamentos de la propias Fuerzas Armadas.
La desaparición forzada, la tortura y la muerte, en el caso de Pertusio, se complementaba con el robo. El vaciamiento de las viviendas de sus víctimas se constituyó en parte del plan sistemático y por eso también la querella consideró probada esta parte de la imputación.

ARRILLAGA
“Pedimos que se condene a Alfredo Manuel Arrillaga a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia o amenaza y por privación más de un mes e imposición de tormentos reiterada y agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos y además por ser también coautor, subsidiariamente partícipe necesario, de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas”.
En lo que respecta a la participación de Arrillaga en los delitos que se le imputan, la querella fue contundente al afirmar que debe pagar por todo delito de lesa humanidad ocurrido durante el periodo en el que el encartado formó parte de la plana mayor de la Subzona 15.
Su participación como responsable de Operaciones del Ejército lo coloca en un lugar de pleno conocimiento y acción en el desarrollo de los planes para la aplicación de la normativa militar vinculada a la “guerra contra la subversión”.
“El nivel de sus excusaciones es la intensidad de su acusación”, expresó Sivo al referirse a las palabras del acusado cuando expresó que él desconocía lo que sucedía en relación a “esos temas”.
No faltó en el alegato la referencia a la actuación de Arrillaga posdictadura. Sus propias palabras en el juicio contra los militantes del Movimiento Todos por la Patria luego del copamiento del cuartel de Tablada le fueron refrescadas. “A los subversivos hay que echarles fósforo como a las ratas”, habría dicho reconociendo el uso de bombas ilegales en el operativo que le tocó comandar en el 89.


PEDIDO DE NUEVAS CAUSAS
Concluida la argumentación del alegato realizado por el doctor César Sivo, la querella solicitó que se inicien nuevas caudas por múltiples delitos de lesa humanidad cometidos en el periodo de la presente causa para los tres imputados. Según se manifestó, durante el debate quedó probada la participación de los imputados no sólo en los delitos que se ventilan en este juicio, sino en gran parte de los que se produjeron en la época en la ciudad.
Asimismo, se pidió la apertura de una causa que tenga como imputada a la doctora Ana María Teodoriz como autora, por lo menos en grado de partícipe, en la privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados, y homicidio doblemente calificado de Patricia Molinari y de Ana Rosa Frigerio; y de la privación de ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados de una serie de víctimas de la última dictadura cívico militar.
También se solicitó la apertura de nuevas causas para miembros de la Marina que fueron apareciendo durante el debate como responsables de diversos operativos que terminaron con desapariciones de personas.
En relación al juez Pedro Federico Hooft, durante el debate surgió nueva prueba que lo vincula con los delitos de lesa humanidad cometidos en la época, por lo que la querella solicitó que se agregue a los expedientes pertinentes que lo tienen como imputado.

Anuncios
Esta entrada fue publicada en Uncategorized. Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s