UNA NOTICIA DE PIGÜE QUE CUENTA ECO DIAS

La ciudad de Pigüé se convirtió en escenario de una declaración de hostilidades entre el Ejecutivo municipal del distrito de Saavedra y la Cooperativa de Trabajadores “Textiles Pigüé” (CTTP), que desde 2004 afronta el desafío de constituirse en otro modelo de gestión en la región. EcoDias estuvo en la vecina ciudad, para conocer detalles del enfrentamiento y oír la voz cooperativa.

La intención de involucrar a un privado con la escrituración de las plantas encendió la mecha. El intendente radical Grenada recibió el respaldo del ministro bonaerense Ferré, y ambos amenazaron con derogar o modificar la Ley de Expropiación en caso de que no se aceptara la imposición del grupo Fiducia. Aunque atemperado por el estado público que tomó, el conflicto declarado entre el gobierno municipal del partido de Saavedra y la Cooperativa de Trabajadores “Textiles Pigüé” (CTTP) sigue latente.
Para historiar su surgimiento, se debe partir de sus inicios. La cooperativa surgió como respuesta de los trabajadores a la desaparición de la empresa Gatic S.A., tras el coletazo de la crisis económica que marcó el inicio del milenio. La firma dejó una deuda que absorbió el estado provincial, quien se constituyó en acreedor privilegiado de la liquidación de los bienes muebles e inmuebles que ésta poseía en Pigüé. Ese camino fue marcado por la Ley 13.289, de diciembre de 2004. La normativa establecía en su segundo artículo que los bienes serían cedidos “por venta directa y a título oneroso” a la CTTP, constituida por los trabajadores que quedaron desamparados tras la ida de Gatic.
Sucesivos decretos y convenios entre partes, fijaron el monto y la forma en que sería pagadero. Incluso se aseguraron fuentes de financiamiento para gran parte de esa hipoteca. El convenio suscripto en mayo del 2007 por el Ministerio de la Producción -por entonces conducido por Débora Giorgi- y la CTTP estipulaba que la mitad del monto total sería pagadero en dieciséis cuotas iguales y semestrales, que comenzarían a correr “una vez constituido el dominio” de los trabajadores sobre las parcelas. Previendo como próxima la escrituración de los inmuebles, la primera de las cuotas a pagar tendría como fecha el 1 de diciembre de 2009.
Sin embargo, cuando los representantes cooperativos concurrieron a la sede platense del Ministerio de la Producción a la reunión que asomaba como definitoria respecto a la firma de escrituras, encontraron que el titular de la cartera los esperaba con el intendente Rubén Grenada y una opción que terminaría siendo imposición: la participación de un inversor privado.

Los intereses creados
El inversor resultó ser el grupo Fiducia S.A. Vinculado a la empresa Ruiz Hermanos, de incumbencia textil, la mencionada firma realizó una oferta a la Cooperativa que consistía en formar una Sociedad Anónima. A cambio de pagar las cuotas por el valor fijado en 2005, el grupo pretendía quedarse con el 90 por ciento de los inmuebles y maquinarias, aun cuando la CTTP sumó a lo largo de su administración aparatos que no estaban bajo el dominio de Gatic. También proponían saldar el pasivo de la entidad, pero “a cuenta de futuros dividendos”. De todas formas, las deudas de la CTTP son de caja chica y equivalen a sólo un mes de la actividad productiva que mantiene en la actualidad.
Los inversores también garantizaban la continuidad de los operarios actuales, pero sólo les ofrecían un director sobre diez en total en el directorio de la eventual sociedad anónima, con lo que las decisiones de importancia estarían fijadas por una disparidad de 9 a 1.

El papel del estado
Tras un intercambio entre los cooperativistas y el grupo privado, una asamblea de trabajadores decidió por unanimidad rechazar la propuesta empresaria, “principalmente por las sustanciales diferencias entre la propuesta inicial hecha pública y la formal recibida”. Además, se mencionaba en los considerandos de la decisión el hecho de que los 800 puestos de trabajo que se anunciaron en un principio se redujeron a 200 en los papeles oficiales de la oferta.
Ante la negativa, el intendente Rubén Grenada organizó una conferencia de prensa junto a los ediles Claudio González y Mabel Cledou. Allí, criticó la decisión de los trabajadores y amenazó con recurrir al parlamento bonaerense para derogar o modificar la Ley 13.289.
Pocas horas después, el ministro de la Producción de la provincia, Martín Ferré, se sumaba a la amenaza velada. En entrevista con el diario La Nueva Provincia del 20 de septiembre, el funcionario dijo explícitamente que si Textiles no modificaba su postura, “esta misma semana iniciaremos las gestiones con los legisladores bonaerenses del Frente para la Victoria para dar marcha atrás con el artículo de la ley de expropiación que obliga a la Provincia a ceder las plantas a la cooperativa. A la par, el intendente Rubén Grenada haría idénticas gestiones ante los legisladores del GEN y el radicalismo”.
En esa oportunidad, las críticas del oficialismo se centraron en el montaje de un escenario caótico vinculado a los números del pasivo de la CTTP. Además, sugirieron que los dirigentes cooperativos privaban a la ciudad de un incremento en la oferta laboral y advirtieron que las plantas eran estatales, por lo cual la decisión final debía estar vinculada a tal carácter.
Grenada fue más allá y confesó que descree del sistema cooperativo en tanto y en cuanto no incluya capitales privados. Además, resaltó el apoyo hoy incomprobable del jefe de Gabinete del gobierno nacional Aníbal Fernández.

La respuesta
Pasado el fin de semana, el lunes 20 de septiembre la CTTP respondió con una Asamblea Popular abierta a la comunidad, la prensa y los sectores políticos. Durante la misma, se presentó documentación que avala la postura de la entidad, desmiente el inmenso pasivo denunciado por el Ejecutivo municipal y explica los alcances de leyes, convenios y decretos firmados en torno a la adjudicación de las plantas y los bienes muebles.
Además, se refutan las acusaciones oficiales que tenían como eje el supuesto margen de inseguridad en el proceso productivo, acompañando la misma con los análisis realizados por profesionales pertinentes.
En respuesta a la amenaza de derogación o modificación de la legislación en vigencia, el titular del Consejo de Administración de la Cooperativa, Francisco Martínez, expresó que los trabajadores seguirán en pie de lucha en pos de la consecución de sus objetivos cooperativos y adelantó que “estamos en el baile, y bailaremos. La entrada es gratis, muchachos. La salida, no sé”.

Lo último
Luego de que la documentación aportada por la CTTP tomó estado público, el radicalismo procuró aprovechar su mayoría en el Honorable Concejo Deliberante con el objeto de lograr una declaración a favor del inversor privado. Para ello, llamó a una sesión especial del cuerpo que tuvo lugar durante el martes 21 y el miércoles 22.
A pesar de contar con la mayoría en el recinto, el proyecto aprobado resultó ser el presentado por el bloque peronista, que resultaba más crítico a la gestión del Ejecutivo y, aunque no cerraba las puertas a inversiones privadas, se mostraba contrario a efectuar cambios en la Ley y negaba que la CTTP tuviera alguna responsabilidad en los índices de desempleo de la ciudad y el distrito en que se inserta.


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