Discutir y cuestionar el proyecto de la Barrick es ayudar a la democracia

El gobierno de la Presidente Fernandez ha dado pasos equivocados en una direccion erronea, al tratar la Ley de proteccion de glaciares y la concesion a la Barrick Gold y el Proyecto Pascua Lama.

Las reuniones con los directivos de la minera en Toronto y los acuerdos con tenebrosos personajes no son una buena señal.

Hay que involucrarse en la discusiçon, cuestionar, peticionar, enterarse ,pues todo es una forma de avanzar hacia mas democracia .

A continuacion una ponencia respecto de este tema planteada por una asesora de la diputada Merchan.

Silvia Ferreyra

Ley de Glaciares: las mineras ya encontraron la solución

Más allá de los resultados del próximo miércoles, cuando se debata el tema en Diputados, las empresas se aseguraron con los gobernadores la resolución del problema, impulsando proyectos “clonados” al de Filmus en las jurisdicciones con perfil minero.

Atentas a la situación planteada para el próximo miércoles en la Cámara de Diputados, con los dos proyectos de Ley de Protección de Glaciares –el oficialista presentado por Daniel Filmus, con media sanción en el Senado y el otro idéntico al de la ex diputada Marta Maffei, vetado por la presidenta y “clonado” por Miguel Bonasso, con despacho de mayoría en la cámara baja- las empresas mineras parecen haber visto luz a una solución: promover que cada provincia tenga su propia ley, clonada también, pero en este caso al proyecto de Filmus.

Blocked imageLa presidenta y los gobernadores con las autoridades de la Barrick GoldEn un tratamiento fugaz, sobre tablas y sin tratamiento en comisión, dos provincias, Jujuy y La Rioja, aprobaron la semana pasada en sus legislaturas proyectos de protección de glaciares similares al texto de Filmus. San Juan ya tiene presentada la suya. La semana anterior, en la Casa de Salta de la Capital Federal, representantes de provincias mineras firmaron un acuerdo para avanzar en ese sentido. Allí estuvieron Juan Manuel Urtubey (Salta), Luis Beder Herrera (La Rioja) y Walter Barrionuevo (Jujuy), quienes junto a los gobernadores José Luis Gioja y Gerardo Zamora, venían de visitar junto a la presidenta Cristina Fernández al “jefe” de la Barrick Gold en Canadá. Por San Juan estuvo el vicegobernador Rubén Uñac, junto a legisladores de Catamarca, representantes de Santa Cruz y Neuquén y el Secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. Un amplio consenso que va del PJ gobernante y sus aliados hasta el Frente Cívico y sectores cercanos al radicalismo.

Dieron así una clara señal de luz verde a los compromisos asumidos con las empresas mineras respecto el debate abierto por la Ley de Glaciares, que intenta restringir el área donde operan estos emprendimientos en la cordillera. El más consecuente lobbista del sector, el gobernador Gioja, aprovechó el viaje a Canadá para entusiasmar a sus colegas en las entrevistas mantenidas con inversores de la Barrick, de Minera Andes (que opera en Santa Cruz), de Panamerican Silver (interesada en el yacimiento Navidad, Chubut) y de Litium Américas, que explotará en Jujuy uno los depósitos salinos de litio mas importantes de la región. Encontró así el camino más efectivo para resolver el dilema de los dos proyectos en pugna, dejando los debates mesiánicos sobre sus semejanzas y diferencias para la audiencia que lo mira por TV.

Difícil que los proyectos mineros en marcha o en carpeta en la cordillera peligren con la ley de Filmus (ver Las principales diferencias…). Ahora, con la ley “clonada” de Filmus aprobada a nivel local, las provincias mineras pueden asistir a las ruedas de negocios de las corporaciones mostrando que son pioneras en Latinoamérica en “proteger” los glaciares.

Tanto la ley vetada como la de bosques fueron sancionadas en respuesta a demandas urgentes: preservar las “fábricas de agua” de la gran minería en la cordillera, y el monte nativo y los suelos del avance de la frontera agropecuaria con la soja; dos ejemplos claves de un modelos de “desarrollo” extractivo que nos retrotrae a las épocas del feudalismo o la conquista. La sanción de estas leyes lleva esta “marca de nacimiento”; más allá de los especialistas que se pronunciaron en un sentido u otro respecto a qué era o no bosque nativo o qué es el área periglaciar, las definiciones nunca fueron abstractas ni inocentes; siempre presentaron esa dificultad. Por eso en estas leyes son importantes los mecanismos para su implementación.

Van a hacer tres años de la sanción de la ley de bosques. Para que entre en vigencia en su jurisdicción cada provincia debe presentar su ordenamiento territorial, que en Córdoba, por ejemplo, hace casi un año duerme en la legislatura. Allí sólo queda el 6% del bosque nativo original, con un par de incendios intencionales lo liquidan. De seguir con la demora, será votado cuando ya no quede nada por proteger. ¿Por qué va a pasar distinto con el inventario de glaciares? Al menos con los bosques las poblaciones vecinas o las comunidades de pueblos originarios, viven denunciando, por ejemplo en Salta, cómo avanzan sobre sus casas o sobre zonas prohibidas. Allá arriba en la cordillera, ¿quién se entera, quién los controla?

En San Juan, la mina Veladero consume 110 litros por segundo; Gualcamayo 54; Pascua Lama con sus 360 litros por segundo, usará por día lo mismo que San Luis potabiliza para el consumo de toda la provincia. A eso hay que sumarle más de 180 proyectos en carpeta que dependerán del agua de los ríos de la zona, originados por deshielo. ¿Cómo van a sostener esto? Es sabido que las mineras en Chile derriten glaciares para utilizar el agua ¿por qué no lo harían en Argentina
Si hay algo que agradecerle al veto de la presidenta es haber sacado a luz la impunidad con que operan las mineras en nuestro país, ampliando la base de rechazo y descontento en cada vez más sectores de la sociedad, fortaleciendo el trabajo de tantas asambleas y grupos que denuncian la contaminación y el saqueo en el interior del país.

Probablemente se patee la pelota para las legislaturas provinciales, allí habrá que darles pelea; más si el proyecto de Bonasso-Maffei logra mayoría en Diputados y pasa al Senado. Ninguno de estos dos escenarios será sencillo, la suerte en ambos casos está atada tanto al PJ (amigo o no del gobierno na- cional) como al radicalismo, sus aliados y al PRO.

Una muestra clara de que tan necesaria es la lucha y la denuncia contra el saqueo de nuestros recursos naturales, como la construcción de alternativas políticas capaces de cambiar la larga historia de traición y entrega que tanto conocemos.

Las principales diferencias de los dos proyectos:

  • El área o territorio que protege la ley, especialmente qué se entiende por área periglaciar (art. 2º), que es más complejo que decir el área que rodea a los glaciares. Para el proyecto de Filmus el ambiente periglaciar son los glaciares de escombros, un tipo específico de glaciar. La autora de la ley vetada, Marta Maffei, optó por una definición mas amplia aclarando: “Decimos ambiente periglacial y definimos específicamente “los espacios congelados de alta montaña que son reguladores de recurso hídrico”. En realidad, estamos hablando de glaciares de escombro. Lo que ocurre es que hay mucha bibliografía que no reconoce como glaciar a este espacio periglacial. Para evitar el conflicto, lo pusimos como espacio periglacial de alta montaña de suelos congelados de forma permanente y que actúa como regulador de recursos hídricos. No cualquier suelo mojado actúa como regulador de recursos hídricos.” Depende de quién interprete la definición, se corre el riesgo de dejar fuera de la protección a masas de agua congelada que cumplen la función señalada por Maffei.
  • El plazo en que inicia la implementación de la ley y la auditoría (Art. 15º). El proyecto de Bonasso-Maffei, fija un máximo de 180 días a partir de la sanción para hacer una auditoría a las empresas para identificar el impacto en los glaciares; si es significativo, señala el inmediato cierre, traslado o remediación según corresponda. El de Filmus dice que a partir de la sanción, el organismo encargado del inventario de glaciares (IANIGLA) tiene 60 días para presentar un cronograma para hacer esta tarea. Recién cuando termine el inventario en su territorio, la provincia tiene 180 días para hacer la auditoria ambiental; la plata para la auditoría la pone cada empresa. En caso de impacto significativo, queda en manos de la autoridad competente (la que determine el gobierno provincial) establecer qué medidas adoptará.

Silvia Ferreyra
Asesora en recursos naturales y medio ambiente de la diputada nacional Cecilia Merchán

Anuncios
Esta entrada fue publicada en Uncategorized. Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s